Pero el 11 de diciembre se realizará audiencia que definirá si la concesión continúa, se modifica o si el muelle retorna al Estado.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decidió que el contrato de concesión con la empresa Grupo Portuario S. A. debe mantenerse vigente. La determinación, adoptada en el auto número 380, sigue la misma línea de lo que ya había dicho el Consejo de Estado, que respaldó la continuidad del proyecto. Además, el Tribunal fijó una audiencia inicial para el 11 de diciembre de 2025, dentro del nuevo proceso judicial que busca anular o restablecer derechos sobre el contrato. Esa instancia será clave para definir el futuro del Muelle 13.
Con Anterioridad, el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte, había sostenido que desde enero de este año la operación del muelle debía regresar al Estado. Grupo Portuario, sin embargo, asegura que esa decisión vulnera el debido proceso y desconoce sus derechos adquiridos.
Por su parte, Grupo Portuario ha planteado que la concesión se extienda hasta 2045, lo que, en su opinión, garantizaría la estabilidad de una obra estratégica para el desarrollo portuario de Buenaventura y de Colombia.
En su pronunciamiento, el Consejo de Estado aclaró que la ANI necesita autorización ambiental para modificar contratos, aunque también dejó claro que las resoluciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no afectan la validez de los actos administrativos ya expedidos.
Mientras tanto, el director de la ANI, Óscar Torres, anunció que se hará un nuevo peritaje técnico para conocer el estado real de la infraestructura. La idea es que, si en algún momento se aplica la cláusula de reversión, el muelle se reciba en buenas condiciones.
A este proceso se suma la Contraloría General, que ha advertido sobre riesgos de pérdida de recursos públicos por la falta de claridad en la administración del muelle. El contralor Carlos Hernán Rodríguez afirmó que se seguirá vigilando el caso y que ya se ha alertado a la ANI y a la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas para proteger el patrimonio del Estado.
En síntesis, mientras la empresa reclama continuidad y respeto a sus derechos, el Gobierno y los organismos de control insisten en que el proyecto debe avanzar con transparencia, legalidad y eficiencia.
Por MundoMaritimo
